Basta de abusos por parte de los gobiernos y poderosos, a nuestra gente, a nuestra patria y a los medios que la naturaleza puso en nuestro territorio para que vivamos en com?n.
En
el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado
durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación
petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y
forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata
de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan
García del Perú y Luis Ignacio «Lula» da Silva del Brasil lanzaron
formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con
la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas
en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado,
principalmente deben abastecer la insaciable demanda energética del
país vecino.
La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y
Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las
hidroeléctricas, fue más comentada en el Brasil que en el Perú, donde
pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica,
económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea
permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis
grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus
necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía
producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son: Inambari
(2.000 MW), Sumabeni (1.074 MW), Paquitzapango (2.000 MW), Urubamba
(940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas
de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema
brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los US$
16.000 millones y el primer proyecto seleccionado es el del río
Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que
costaría unos US$ 4.000 millones. Apenas para brindar una idea de lo
que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la
mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área
de inundación de más de 46.000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer
realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la
firma del memorando. Según informaciones periodísticas, dos nuevas
empresas ya están funcionando en el Perú: la Empresa de Generación
Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada en su mayoría por la Engevix, la
principal empresa de consultoría del Brasil, y la Inambari Geraçao de
Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas
Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es
de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de US$ 2.500 millones del
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los
estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas, ya estarían
siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y
subcontratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía
y Minas otorgada en junio de 2008, es decir, casi un año antes de la
reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un
«secreto de Estado», pero también es innegable que el Gobierno no hizo
ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el
devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son
nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de 1970, sobre la base
de un estudio realizado por una empresa especializada
(Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y
del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas
posibilidades, de las cuales 14 son prioritarias. Los brasileños
escogieron las 6 que les son más convenientes.
En este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la
negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o
las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es
evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos
amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de
endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales
extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente
de la Amazonía brasileña, y la verdad es que obligan a reflexionar
antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen
desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no
siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación,
eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de
ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de
contaminación (generación de metano), etcétera. Los indirectos son
peores y se extienden sobre enormes superficies, que incluyen invasión
de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación, pues
la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones.
Todos estos problemas serán aun más graves en las condiciones sui
generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos
de su biota son raros y muchas veces endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de
impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en
esencia «que no hay problema» y que los que habrá son fáciles de
resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el
embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la
minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las
características del valle, no tendrán donde ser relocalizados
apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km
(dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida
carretera Interoceánica, cuyo costo es elevadísimo. Los taludes
abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo
peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional Bahuaja-Sonene, cuyo futuro quedará amenazado
gravemente luego de la reconstrucción de la carretera, pues esta
quedará muy cerca del parque. Ya se sabe, por estudios en la misma
cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán
drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de
Inambari, pero no dejará de tenerlos, y peor será su efecto acumulado.
El problema, pues, es muy importante. Antes de lanzarse a hacer las
obras, como parece ser el caso, debe discutirse en el nivel nacional y
no solo exponerse escuetamente en el ámbito local, en pequeñas
reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los
supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que
los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente
tres:
1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del
compromiso del Perú con las empresas y el Gobierno brasileño en el caso
del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de
discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2. ¿Hasta qué punto avanzarán los estudios de factibilidad del
Inambari, sin estudios de adecuados de prefactibilidad?, ¿Podría no
realizarse la obra, si sus impactos fuesen excesivos, (como manda la
legislación ambiental)?
3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa
hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado,
construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor
parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo que
implica esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya
sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar
pagando la gigantesca deuda contraída?
Precisamente ahora, el Brasil y el Paraguay están confrontando una
situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en
condiciones similares a las que se plantean para las seis represas
peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado
en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Sin
embargo, el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar
la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio
vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este
caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese
conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes,
de largo plazo.
Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a
los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con
este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte
del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión
debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que
garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios; es
decir, que será rentable en esos tres términos. Los beneficios
económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y
ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe
hacerse una evaluación socioambiental estratégica, que aborde la
totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la
del Inambari. Una cosa es «una represa» en la selva alta y otra, muy
diferente, son 6 ó 14 represas en los principales ríos nacionales.
Además, la lectura del estudio de Lahmeyer-Salzgitter revela que,
apenas en el Inambari, podría haber otras cinco represas para
«explotar» mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en
efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya
es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente
del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para
hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil entender por qué el Gobierno peruano, que
actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía,
precisamente por falta de información y discusión de sus acciones,
reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las
hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa
es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los niveles nacional,
regional y local, y en las instancias políticas, académicas y
populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la
carretera Interoceánica, que será parcialmente destruida por la represa
del Inambari, que fue decidida con estudios socioambientales mal hechos
e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando
estos fueron terminados.