Para ser iguales en derechos y libres de toda opresión
Basta de abusos por parte de los gobiernos y poderosos, a nuestra gente, a nuestra patria y a los medios que la naturaleza puso en nuestro territorio para que vivamos en com?n.
Por MARC DOUROJEANNI
En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio «Lula» da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciable demanda energética del país vecino.
La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue más comentada en el Brasil que en el Perú, donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son: Inambari (2.000 MW), Sumabeni (1.074 MW), Paquitzapango (2.000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los US$ 16.000 millones y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos US$ 4.000 millones. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46.000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, dos nuevas empresas ya están funcionando en el Perú: la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada en su mayoría por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil, y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de US$ 2.500 millones del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas, ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y subcontratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, es decir, casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un «secreto de Estado», pero también es innegable que el Gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de 1970, sobre la base de un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las cuales 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 que les son más convenientes.
En este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente de la Amazonía brasileña, y la verdad es que obligan a reflexionar antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etcétera. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies, que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación, pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aun más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia «que no hay problema» y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser relocalizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica, cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, cuyo futuro quedará amenazado gravemente luego de la reconstrucción de la carretera, pues esta quedará muy cerca del parque. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos, y peor será su efecto acumulado. El problema, pues, es muy importante. Antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe discutirse en el nivel nacional y no solo exponerse escuetamente en el ámbito local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:
1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el Gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2. ¿Hasta qué punto avanzarán los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de adecuados de prefactibilidad?, ¿Podría no realizarse la obra, si sus impactos fuesen excesivos, (como manda la legislación ambiental)?
3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo que implica esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?
Precisamente ahora, el Brasil y el Paraguay están confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Sin embargo, el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.
Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios; es decir, que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socioambiental estratégica, que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es «una represa» en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 ó 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podría haber otras cinco represas para «explotar» mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil entender por qué el Gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los niveles nacional, regional y local, y en las instancias políticas, académicas y populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que será parcialmente destruida por la represa del Inambari, que fue decidida con estudios socioambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.
Fuente Revista Punto de Equilibrio del la Universidad Pacífico
En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio «Lula» da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciable demanda energética del país vecino.
La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue más comentada en el Brasil que en el Perú, donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son: Inambari (2.000 MW), Sumabeni (1.074 MW), Paquitzapango (2.000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los US$ 16.000 millones y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos US$ 4.000 millones. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46.000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, dos nuevas empresas ya están funcionando en el Perú: la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada en su mayoría por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil, y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de US$ 2.500 millones del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas, ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y subcontratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, es decir, casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un «secreto de Estado», pero también es innegable que el Gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de 1970, sobre la base de un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las cuales 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 que les son más convenientes.
En este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente de la Amazonía brasileña, y la verdad es que obligan a reflexionar antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etcétera. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies, que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación, pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aun más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia «que no hay problema» y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser relocalizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica, cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, cuyo futuro quedará amenazado gravemente luego de la reconstrucción de la carretera, pues esta quedará muy cerca del parque. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos, y peor será su efecto acumulado. El problema, pues, es muy importante. Antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe discutirse en el nivel nacional y no solo exponerse escuetamente en el ámbito local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:
1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el Gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2. ¿Hasta qué punto avanzarán los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de adecuados de prefactibilidad?, ¿Podría no realizarse la obra, si sus impactos fuesen excesivos, (como manda la legislación ambiental)?
3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo que implica esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?
Precisamente ahora, el Brasil y el Paraguay están confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Sin embargo, el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.
Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios; es decir, que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socioambiental estratégica, que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es «una represa» en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 ó 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podría haber otras cinco represas para «explotar» mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil entender por qué el Gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los niveles nacional, regional y local, y en las instancias políticas, académicas y populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que será parcialmente destruida por la represa del Inambari, que fue decidida con estudios socioambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.
Fuente Revista Punto de Equilibrio del la Universidad Pacífico