Basta de abusos por parte de los gobiernos y poderosos, a nuestra gente, a nuestra patria y a los medios que la naturaleza puso en nuestro territorio para que vivamos en com?n.
Por Raúl Mendoza
EEUU, sin miedo al cambio climático
•
Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y es responsable del
20% de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Sin
embargo no ha ratificado el Protocolo de Kyoto. Se comprometió a
reducir el 6% de sus emisiones, pero estas aumentaron más del 15% –con
respecto a 1990– durante el gobierno de George W. Bush. ¿Cuáles son sus
industrias más contaminantes? La metalúrgica y las centrales
eléctricas. Además empresas norteamericanas operan en todo el mundo, en
muchos rubros industriales, con distintos estándares de contaminación
según el país.
La ciudad norteamericana más contaminada es
Pittsburg, conocida como ‘la ciudad del acero’. El año pasado superó a
Los Ángeles, aunque esta ciudad sigue siendo la líder mundial en
emisión de gases de efecto invernadero y la que más daño causa a la
capa de ozono. La contribución individual al calentamiento también es
grande: cada norteamericano contamina el doble que un europeo. Esto
se debe al elevado gasto de electricidad y el altísimo número de
vehículos que circulan en las ciudades norteamericanas. Ahora que en
diciembre próximo se realizará la cumbre mundial sobre calentamiento
global en Copenhague, su posición no ha cambiado. “Había expectativa
por el nuevo enfoque que Barack Obama podía tener. Esta cumbre podría
ser la oportunidad para un compromiso global renovado, justo y
vinculante, pero parece que no va a ser así”, dice Francesco Boeren,
director regional de Oxfam, organización que sigue el tema. En
Copenhague se esperaba lograr un compromiso concreto que reemplazara a
Kyoto, pero EEUU y otros países desarrollados no quieren asumir
compromisos.
China, el gigante contaminador
• China es
un país-continente que inició su despegue industrial hace un par de
décadas y ahora no está dispuesta a detenerse a pesar de que
‘contribuye’ con el 17% de la contaminación global. Además, no está
obligada a reducir emisiones por ser un país en desarrollo. Entre sus
argumentos para evitar compromisos también señala que si se mide la
contaminación per cápita, no estaría entre los que más contaminan.
Entre
sus industrias más contaminantes están los complejos industriales
procesadores de carbón y la industria papelera. La ciudad de Linfen, la
principal meca de la industria del carbón del país, es acaso la más
contaminada del planeta. Allí el aire registra óxido de carbono,
arsénico y plomo en dosis mortales para la salud de sus habitantes. En
otras zonas, como el delta del río Perla, donde se produce el 20% del
PBI chino, hay industria diversa: zapatos, juguetes, textiles, y la
contaminación es enorme. Green Peace encontró un cóctel químico de
varias sustancias en las aguas del río. En general la industria china
carece de altos estándares ambientales por su rápida industrialización,
que no ha ido aparejada con una regulación adecuada. No obstante, ha
sido junto con Estados Unidos uno de los países que menos compromisos
concretos prometen para Copenhague 2009. Una reciente visita de Barack
Obama a China solo dejó como saldo la posibilidad de aguardar otra
reunión cumbre para arribar a acuerdos sobre el cambio climático.
Rusia, forzado a reducir emisiones
•
La crisis mundial y su propia dinámica económica le jugaron una mala
pasada a Rusia. Su industria se vio afectada, por lo que debió aminorar
su producción y ello ocasionó que redujera sus emisiones superando los
compromisos de Kyoto. Actualmente emite el 5.7% de los gases de efecto
invernadero globales. Sin embargo, esa reducción ha sido forzada por
las circunstancias, no por su compromiso con el medio ambiente. Demoró
hasta el 2004 para firmar el protocolo y tres ciudades rusas figuran en
la lista de las 10 ciudades más contaminadas del mundo: Dzerzhinsk,
Norilsk y Rudnaya Pristan. Las fábricas de armamento, de productos
químicos, el petróleo y las minas de donde se extraen diversos metales
son la contribución rusa al cambio climático.
Un informe de la
BBC indicaba que en el 2005 sus emisiones se habían reducido un 35% con
relación a 1990. Por eso se vería beneficiado con el nuevo ‘mercado
verde’ que se alista para el futuro: podría vender su cupo de emisiones
“no usadas” a los países en desarrollo que necesitan emitir más gases
de lo que está permitido bajo Kyoto.
La India, afectado por su crecimiento
•
El siempre enigmatico país hindú se encuentra en una encrucijada.
Contribuye al calentamiento global con el 5% de emisiones y no puede
detenerse porque, como China, cada vez se industrializa más y está
creciendo a un ritmo de 9% anual. Además tampoco está obligado a
reducir emisiones porque es un país en desarrollo. Sin embargo, será
una víctima del calentamiento: tiene zonas proclives a los desastres y
poblaciones por debajo de la línea de pobreza que sufrirán las
consecuencias.
Los controles medioambientales por el momento
no son una prioridad. Un dato: la ciudad de Ranipet, la meca de las
plantas químicas en el país, es una especie de versión potenciada de La
Oroya, en el Perú. Los complejos industriales que funcionaban ahí han
dejado alrededor de un millón y medio de toneladas de residuos durante
los últimos veinte años. La esperanza de vida de los adultos apenas
alcanza los 40 años. Se estima que –a pesar de que su gobierno no
brinda cifras sobre sus emisiones– tras refrendar el protocolo de Kyoto
la India no disminuyó sino que aumentó sus emisiones un 50% más que lo
emitido en 1990.
Japón, contaminador silencioso
•
Actualmente Japón emite el 4.3% de los gases contaminantes en el mundo.
Ha sido uno de los principales promotores del protocolo de Kyoto, pero
no ha logrado reducir sus niveles de emisión. El gran tema de la
contaminación en Japón es el tratamiento de los residuos industriales
generados por sus fábricas, debido a sus limitaciones territoriales. En
los 90 tuvo que encarar un alto índice de contaminación de personas por
‘dioxinas’ –gases provocados por la incineración de basura industrial–
al mismo tiempo que contaminaba el medio ambiente. Por ello hoy tiene
los más altos índices de reciclaje en el mundo.
De los países
que más contaminan, Japón es el único que propuso una meta: reducir en
un 50% las emisiones de gases industriales de aquí al 2050. Justamente
una propuesta parecida se verá en Copenhague 2009. Antes de eso se han
realizado varias reuniones preparatorias –Bangkok, Barcelona– a fin de
lograr compromisos, pero no se ha logrado nada hasta ahora. Los países
industrializados piden más tiempo para discutir el problema.
Cifras
2,530 millones de toneladas de dióxido de carbono emite Estados Unidos a la atmósfera anualmente.
150 mil millones de dólares deberían recibir los países en desarrollo de los desarrollados para adaptarse al cambio.
26 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse como resultado del cambio climático, según Oxfam.
COPENHAGUE 2009
En
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se
verán dos temas: 1) la propuesta de que los países industrializados
reduzcan el 40% de sus emisiones al 2020 y el 80% al 2050, a fin de que
la temperatura global no suba más de 2 grados. 2) El compromiso de los
países industrializados de resarcir a los países en desarrollo por el
daño que estos sufren por emisiones que ellos no provocan. El Perú, por
ejemplo, uno de los países en mayor peligro, produce solo el 0.4 de
gases de efecto invernadero, sobre todo por deforestación. En las
reuniones, sin embargo, los países desarrollados no han mostrado
predisposición a lograr acuerdos concretos. Si no se logra mantener el
clima en los estándares actuales, está probado que habrá sequías,
desglaciación, inundaciones y otros desastres.
Fuente Revista Domingo - Diario La República
En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio «Lula» da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciable demanda energética del país vecino.
La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue más comentada en el Brasil que en el Perú, donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son: Inambari (2.000 MW), Sumabeni (1.074 MW), Paquitzapango (2.000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los US$ 16.000 millones y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos US$ 4.000 millones. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46.000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, dos nuevas empresas ya están funcionando en el Perú: la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada en su mayoría por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil, y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de US$ 2.500 millones del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas, ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y subcontratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, es decir, casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un «secreto de Estado», pero también es innegable que el Gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de 1970, sobre la base de un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las cuales 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 que les son más convenientes.
En este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente de la Amazonía brasileña, y la verdad es que obligan a reflexionar antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etcétera. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies, que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación, pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aun más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia «que no hay problema» y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser relocalizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica, cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, cuyo futuro quedará amenazado gravemente luego de la reconstrucción de la carretera, pues esta quedará muy cerca del parque. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos, y peor será su efecto acumulado. El problema, pues, es muy importante. Antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe discutirse en el nivel nacional y no solo exponerse escuetamente en el ámbito local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:
1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el Gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2. ¿Hasta qué punto avanzarán los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de adecuados de prefactibilidad?, ¿Podría no realizarse la obra, si sus impactos fuesen excesivos, (como manda la legislación ambiental)?
3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo que implica esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?
Precisamente ahora, el Brasil y el Paraguay están confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Sin embargo, el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.
Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios; es decir, que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socioambiental estratégica, que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es «una represa» en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 ó 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podría haber otras cinco represas para «explotar» mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil entender por qué el Gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los niveles nacional, regional y local, y en las instancias políticas, académicas y populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que será parcialmente destruida por la represa del Inambari, que fue decidida con estudios socioambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.
Fuente Revista Punto de Equilibrio del la Universidad Pacífico
Comunicado de prensa - La Via Campesina
(Roma, 15 de noviembre del 2009) La Via Campesina esta aterrada de la arrogancia del sector privado y especialmente de Nestlé, al pretender ofrecer soluciones a la actual crisis alimentaria considerando que son las mismas transnacionales quienes han continuado a contribuir activamente a la creación de esta crisis.
Los comentarios del presidente de Nestlé durante la Conferencia del sector privado y de la FAO en Milan el pasado 12 de noviembre nos resultan particularmente chocantes dadas las conocidas campañas de Nestlé para fomentar la formula del consumo de leche para bebes en detrimento de la lactancia materna en los paises en desarrollo.
Muchas transnacionales han aumentado sus beneficios durante la crisis alimentaria y han jugado un rol principal al incrementar el hambre en el mundo mediante la toma de control sobre el sistema alimentario y los recursos productivos como la tierra y el agua, excluyendo a campesinos y campesinas de la misma producción alimentaria.
Estos actores privados han presionado por cambiar los modelos agricolas de producción, forzando a modos productivos intensivos e introduciendo tecnologias y politicas como los agrocombustibles, los transgénicos y la liberalización del comercio con el único interes de incrementar sus beneficios. Las deslumbrantes fallas de estas estrategias corporativas de las transnacionales frente al sistema alimentario son evidentes dadas las estadisticas que demuestran el constante aumento en las cifras de las personas que sufren de hambre en el mundo.
Sobre el tema de transgenicos, Javier Sánchez, representante del sindicato campesino COAG (miembro de la Vía Campesina), declaró: “Existe un consenso global entre campesinos y consumidores sobre las tecnologias de OGMs que permiten a las multinacionales tomar el control sobre las semillas negando a los agricultores la posibilidad de guardar sus propias semillas. Campesinos y campesinas pierden el derecho a producir alimentos libres de modificaciones geneticas mientras que los consumidores pierden el derecho de alimentarse al mismo tiempo con productos sin transgenicos. Este es un claro ejemplo de como la privatizacion de los recursos naturales va en contra de los intereses comunes. Los consumidores en Europa, con razón, estan rechazando este tipo de tecnologias;”
Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina observa que en su pais natal, Indonesia, Nestlé ha contribuido directamente al empobrecimiento del campesinado y al fomento de la malnutricion particularmente entre los bebes, a traves del control de la produccion y del sistema de precios dentro del sector lechero.
Durante el Foro “Soberania Alimentaria Ya”, paralelo al Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Roma, las Organizaciones de la Sociedad Civil estan proponiendo las soluciones reales de la soberania alimentaria.
La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños productores, sin tierra, mujeres rurales y trabajadores agrícolas alrededor del mundo. Nuestro movimiento está conformado por 148 organizaciones miembros activas en 69 países en Asia, Africa, Europa y las Américas.
Fuente www.viacampesina.org
AIDESEP, 11 de noviembre de 2009. Ante el constante acoso judicial a los Apus de los pueblos indígenas, antela pretensión del gobierno de disolver a la AIDESEP, los pueblos awajúny wampis convocaron al Consejo Directivo y a los coordinadores de las Mesas de Diálogo para analizar y definir la continuación del diálogo enla reunión que se realizará en la comunidad de Urakusa.
Por su parte, el Secretario de la AIDESEP, Saúl Puerta Peña, expresó su preocupación por la persistente persecución que, a pesar de basarse en acusaciones sin fundamento real, continúa ejerciéndose en contra de la agrupación que reúne a la gran mayoría de la población indígena amazónica. Dijo que podrían concluir conversaciones en mesas de diálogo, a las que calificó además de eternas, si gobierno persiste en persecución.
“El pedido de disolución de la AIDESEP que presentara la Procuraduría y que diligentemente asumió la fiscalía, sin mayores pruebas en las acusaciones que se hacen, sigue su curso, a pesar de que hemos pedido formalmente su retiro”, expresó.
Saúl Puerta considera que el gobierno, con estos gestos, “pretendería el debilitamiento de los pueblos indígenas amazónicos, para facilitar el acceso sin problemas de los grandes intereses de las empresas petroleras y mineras, y eso no es amistoso”.
El dirigente afirmó que es consenso en la AIDESEP que, de persistir estos gestos de acoso – sobre los que se ha llamado la atención desde hace más de un mes –, la ruptura de las conversaciones en las mesas de diálogo sería inminente.
Expresó el dirigente de la AIDESEP que sería lamentable que esto ocurriera, pero que “la credibilidad de este diálogo se ve ensombrecido tanto por el acoso y la persecución a dirigentes, el intento de destruir a la organización indígena para debilitarla, como por la continuación en la política de concesiones en la Amazonía, que es el centro del debate y sobre lo cual la posición de la AIDESEP es conocida.”
Dijo Saúl Puerta que espera todavía un gesto del gobierno en
aras de la armonía y respeto del Estado de derecho, y de los compromisos
asumidos, pero que los plazos se acortan. “El culpable de la ruptura
del diálogo sería el gobierno, sin dudas. Y daría pruebas con esto de que lo que
mostraron los petroaudios no es un hecho aislado”, subrayó el
dirigente.
Fuente www.aidesep.org.pe
Fuente El Comercio del 11 de Noviembre de 2009
Por Manuel Marticorena Solís
Las emisiones de plomo, cadmio y arsénico ocasionadas por la fundición de La Oroya durante sus 87 años de vida productiva han afectado alrededor de 2.300 kilómetros cuadrados de suelos en la región central, reveló un estudio realizado por las consultoras Ground Water International, Science Integrity y Knight Piesold Consulting, a pedido de la estatal Activos Mineros.
Como para tener una idea del impacto ambiental de las emisiones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, el área afectada equivale al 83% del área total de Lima Metropolitana.
Al respecto, están afectadas áreas no solo de la provincia de Yauli, donde se ubica la ciudad de La Oroya, sino también de Tarma, Jauja y Junín. Según informó el gerente general de Activos Mineros, Víctor Carlos Estrella, el estudio ha abarcado 3.404 km2, donde se ha buscado medir el impacto de las emisiones en los suelos y se ha determinado que 2.300 km2 están afectados (vea aquí el mapa).
La zona más impactada se localiza a dos kilómetros al sur del complejo metalúrgico, que comprende parte del área urbana conocida como La Oroya Antigua.
Según Estrella, las emisiones han inutilizado totalmente 2.049 hectáreas, donde, por el grado de contaminación reinante, no se pueden desarrollar actividades agrícolas. Asimismo, indica que en base al desarrollo de estudios adicionales y de grandes esfuerzos solo se podrían rehabilitar 42.000 hectáreas de las 62.000 que tienen aptitudes para ser actividades agropecuarias.
SALUD AFECTADA
En
el Perú no existen estándares mínimos permisibles de concentración de
plomo y arsénico para suelos. Sin embargo, el estudio (que acude a
estándares canadienses) señala que para el caso residencial solo se
debería permitir una concentración máxima de 400 microgramos por kilo
(mg/kg) y de 50 mg/kg de arsénico; sin embargo, a solo tres kilómetros
del complejo metalúrgico la concentración de plomo está entre 3.000 a
16.000 mg/kg en los suelos (entre 7,5 a 40 veces más que el límite
permitido), mientras que el del arsénico se sitúa entre 500 a 5.710
mg/kg (entre 1,25 a 114 veces más el permitido en Canadá
.
RIESGOS INACEPTABLES
Según
las consultoras que han elaborado el estudio, la presencia de plomo en
el suelo ocasiona una probabilidad significativa de que un niño
registre este metal pesado en su torrente sanguíneo muy por encima de
los 10 microgramos por decilitro, que es lo que recomienda la
Organización Mundial de la Salud.
La presencia de arsénico en los suelos de La Oroya genera —según el estudio— riesgos de cáncer de 2,2 casos por 1.000 personas. Las consultoras incluso advierten que hay riesgo de ingesta accidental en el agua potable de hasta en 68%. Así, el estudio sentencia que los riesgos a la salud humana debido a los suelos contaminados son inaceptables.
Intentamos ubicar al alcalde de La Oroya, César Gutiérrez, para conocer sus impresiones sobre esta realidad, pero fue difícil hallarlo en su teléfono celular.
REMEDIACIÓN
El
gerente general de Activos Mineros, Víctor Carlos Estrella, refirió que
las consultoras han recomendado invertir unos US$10 millones en las
zonas afectadas, aunque el funcionario sostiene que probablemente la
cifra sea cercana a los US$50 millones. El monto se determinará con
estudios técnicos, pues no todas las áreas tienen un impacto similar.
Explicó que la ejecución de estos proyectos podría demorar hasta diez
años.
Indicó que Activos Mineros empezará a enfrentar este daño en la zona urbana con la pavimentación de áreas expuestas. Sin embargo, dijo que deberían deslindar responsabilidades por áreas contaminadas desde que empezó a operar Doe Run en 1997, pues aún se ha seguido emitiendo plomo, cadmio y arsénico.
“Según el contrato de transferencia del complejo, si Doe Run contamina igual o menos que Centromín (el antiguo dueño) y cumple con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el Estado es responsable de remediar los suelos, pero todos sabemos que Doe Run no ha cumplido con su PAMA”.
EL VENENO A 10 CM DE PROFUNDIDAD
Según
el estudio de las consultoras contratadas por Activos Mineros, la mayor
concentración de metales está en los 10 primeros centímetros de
profundidad. Esto se evidencia en las muestras recogidas (en 300 puntos
distintos). Asimismo, existe una segunda capa a 80 centímetros de
profundidad.
La movilidad vertical de los metales es mínima. Muchos de ellos, a pesar de su antigüedad (más de 86 años), están inmóviles en forma de compuestos estables como óxidos o hidróxidos. Lo positivo de ello es que las aguas subterráneas no estarían siendo afectadas, pues solo se han encontrado niveles bajos de concentración de minerales nocivos (plomo, cadmio y arsénico).
Por: Nicole Bernex
Academia Nacional de Ciencia
Mié, 11/11/2009 - 20:54
El sistema montañoso de los Andes con sus 7.240 km determina la actual configuración geográfica de nuestro territorio. No obstante, existe un olvido generalizado de la relación existente entre glaciares andinos y ríos amazónicos, lo cual hace aparecer “casi de ficción” los severos cambios que puede sufrir la selva amazónica ante el calentamiento global.
Gestores de la vida de nuestros ríos amazónicos, los glaciares andinos están ubicados principalmente en Perú (71%), Bolivia (20%), Ecuador (4%) y Colombia (4%); y ocupan unos 26.500 km en Sudamérica.
La gigantesca columna vertebral glaciar de los Andes da vida al mismo río Amazonas y a sus principales afluentes; los más caudalosos bajan de la cordillera. Los glaciares forman un continuo natural con los ríos amazónicos.
En el sistema del Marañón (territorio peruano), 278 glaciares alimentan la cuenca del Marañón y 29 la del Huallaga; en el sistema del Ucayali, 119 alimentan el Perené, 22 el Pachitea, 291 el Mantaro, 125 el Apurímac y 443 el Urubamba; en el sistema del Madre de Dios, 517 glaciares alimentan el Iñambari. En la actualidad, todos los estudios muestran el severo retroceso glaciar (10 a 40% en 30 años).
Fuente (La República)
Otra agricultura para otro clima
Por Esther Vivas es Autora de Del campo al plato’ (Icaria, 2009)
El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar en la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Aunque a primera vista no lo parezca, la agroindustria es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.
Así lo ha puesto de relieve la campaña No te comas el mundo, en el marco de las movilizaciones de estos días con motivo de la reunión de las Naciones Unidas en Barcelona sobre cambio climático, previa a la crucial cumbre de Copenhague (COP15) de diciembre, donde debe aprobarse un nuevo tratado que sustituya al de Kyoto.
Según la campaña, entre un 44 y un 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Una cifra que resulta de sumar las emisiones de las actividades estrictamente agrícolas (11-15%), la deforestación (15-18%), el procesamiento, transporte y refrigeración de los alimentos (15-20%) y los residuos orgánicos (3-4%).
Y es que no podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, deslocalizado y petrodependiente. Veámoslo en detalle.
Intensivo, porque lleva a cabo una sobre-explotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad al cuidado del medio ambiente y a la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática.
Industrial, porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivos, etc. La utilización de grandes tractores para labrar la tierra y procesar la comida contribuye a la liberación de más CO². Los fertilizantes químicos utilizados en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso, una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, la quema de bosques, selvas… para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono.
Kilométrico y petrodependiente, porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en busca de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental. Se calcula que, en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos ante una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas, a la vez que consumimos alimentos que provienen de la otra punta del mundo cuando muchos de estos se cultivan también a nivel local.
Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis climática están íntimamente relacionadas.
Pero, a pesar de estos datos, podemos parar el cambio climático, y la agricultura campesina, local y agroecológica –como señala el centro de investigación GRAIN– puede contribuir de forma determinante a ello. Se trata de devolverle a la tierra la materia orgánica que se le ha quitado, después de que la revolución verde haya agotado los suelos con el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas, etc. Para hacerlo, hace falta apostar por técnicas agrícolas sostenibles que pueden aumentar gradualmente la materia orgánica de la tierra en un 2% en un periodo de 50 años, restituyendo así el porcentaje eliminado desde la década de los sesenta.
Es necesario apostar por un modelo de producción diversificado, incorporando praderas y abono verde, integrando de nuevo la producción animal en el cultivo agrícola, con árboles y plantas silvestres, así como promoviendo circuitos cortos de comercialización y venta directa en mercados locales. Con estas prácticas, se calcula que sería posible capturar hasta dos tercios del actual exceso de CO² en la atmósfera. El movimiento internacional La Vía Campesina lo tiene claro cuando señala que “la agricultura campesina puede enfriar el planeta”.
Asimismo, hay que denunciar las falsas soluciones del capitalismo verde al cambio climático, como la energía nuclear, los agrocombustibles u otras, así como los lobbies empresariales que buscan mercantilizar el tratado de Copenhague. Desde distintos movimientos sociales se exige justicia climática, frente a los mecanismos de mercado incorporados en el protocolo de Kyoto y que tendrán continuidad en Copenhague. Una justicia climática que debe ir a la par con la justicia social, ligando la lucha contra la crisis ecológica global con el combate contra la crisis económica que afecta a amplios sectores populares, en base a una perspectiva anticapitalista y ecosocialista. Para que el clima no cambie, hay que cambiar el mundo.
Fuente http://blogs.publico.es/dominiopublico/1642/otra-agricultura-para-otro-clima/